Extracción minera y protección de glaciares

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Columna de Opinión - "Al bloquear la Ley de Protección de Glaciares en 2006, las empresas mineras pretendieron continuar impunemente con la destrucción de éstos, los cuales vienen interviniendo desde la decada del 90".

La Comision de Medioambiente y Recursos Naturales del Senado inició este mes la tramitación de una ley para proteger los glaciares, iniciativa presentada por primera vez en Chile el 2006, luego de que la empresa Barrick Gold intentara remover glaciares en la cuenca alta del Huasco para la extracción de oro en Pascua Lama. En esa época, la moción de los senadores Horvath, Allamand, Navarro, Girardi y Stange fue aprobada por unanimidad en la sala del Senado, pero el Gobierno de Bachelet no patrocinó la ley por presiones de los gremios mineros encabezados por la Sociedad Nacional de la Minería (Sonami) y el Consejo Minero. 

No obstante, la oposición de las mineras incluyó en el reglamento del Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental (Seia) la obligación de realizar estudios y no meras declaraciones, cuando los proyectos se desarrollen en áreas cercanas a glaciares; e instruyó la creación de una Unidad de Glaciología y Nieves en la Direccion General de Aguas (DGA) y le encomendó realizar un catastro público de glaciares y el monitoreo de éstos; lo cual al menos, permitió generar información pública sobre estas reservas estratégicas de agua dulce. 

Al bloquear la Ley de Protección de Glaciares en 2006, las empresas mineras pretendieron continuar impunemente con la destrucción de éstos, los cuales vienen interviniendo desde la decada del 90: Codelco, en la División Andina, ha intervenido 2,1 kilómetros de glaciares de roca en la cuenca del rio Aconcagua, lo cual equivale a una pérdida de 22 millones m3 de reservas de agua dulce. Lo propio ha hecho Angloamerican en la faena Los Bronces (0,8 km2) en la cuenca del rio Mapocho; y Antofagasta Minerals en Pelambres (0,2 km2) en la cuenca del rio Choapa, destruyendo otros 11 millones m3 de reservas de agua dulce, según investigaciones de la Universidad de Waterloo, publicadas en 2010. 

Actualmente, siete años después de la presentacion de la Ley de Protección de Glaciares, y en el contexto de la evaluación del Proyecto Expansión 244 de Codelco Andina, el cual contempla la intervención directa e indirecta de una veintena de glaciares, los senadores han desarchivado y retomado el trabajo legislativo para dotar a Chile de una regulación que proteja a estas reservas de agua dulce.

Esta tarea resulta crucial, dado los periodos cíclicos de sequía que sufre el país, y las restricciones hídricas que trae el cambio climático.

No obstante, nuevamente los gremios mineros han expresado su rechazo a que el país tenga una ley general que permita proteger los glaciares; y han argumentado que prefieren que la intervención de la minería sobre éstos se analice caso a caso; lo cual les permite ejercer su tremenda influencia en el marco del Seia. La posición del gremio minero de impedir que Chile avance en la protección de sus glaciares es inaceptable, dado que en el Chile Central, los servicios básicos de agua potable y saneamiento, el riego agrícola y todas las actividades económicas dependen de las aguas cordilleranas y de la recarga que los glaciares proveen a las cuencas hídricas en periodos de verano y sequía, las que se intensificarán con el cambio climático.

En este contexto, es importante que los gremios mineros expliquen de cara al país, por qué quieren seguir desarrollando minería a rajo abierto destruyendo glaciares, si eso perjudica la seguridad hídrica de la población y todos los otros sectores productivos.

Por: Sara Larraín

Fuente: Sustentare